martes, 20 de octubre de 2009

El Gobierno no exige que el plan de auxilio al comercio llegue a las pymes


Publicado el 20-10-09 , por J. J. Marcos/C. Cuesta. Madrid

El plan de apoyo al seguro por impagos comerciales queda en manos de las entidades. El contrato oficial del Gobierno no obliga a respaldar a las empresas.


Pudo hacerlo, pero no quiso. En el contrato suscrito entre el Gobierno y las empresas aseguradoras, dentro del plan de auxilio al comercio, no se incluyó ninguna cláusula que obligase a las empresas del ramo a trasladar parte de los fondos puestos a su disposición a las transacciones de las empresas. De este modo, tal como denunció el pasado 6 de octubre este diario, un plan que debía servir para reactivar la actividad comercial, ha quedado en un cheque sectorial. Se trata de otro proyecto cimentado con dinero público que no sirve a sus supuestos beneficiarios.

En concreto, el acuerdo estipula que el Consorcio de Compensación de Seguros apoya a las empresas aseguradoras en un doble sentido. Por un lado, en el reaseguro como cuotaparte, en el que el Gobierno asume una prima global de las empresas participantes entre un mínimo del 5% y un máximo del 50%. Por otro lado, también se llega a un acuerdo con el sistema stop-loss, según el cual, el Consorcio asume una parte de las pérdidas en la banda de siniestralidad entre el 85% y el 130% (que mide la proporción entre primas y el riesgo).

La siniestralidad el año pasado estuvo en el 180% y para este ejercicio, se espera que baje, según destacaron fuentes del sector. Por lo que los márgenes que absorbe el Ejecutivo serán altos pero previsibles.

Además, las empresas aseguradoras no tendrán que devolver las cantidades de las que se haga cargo el Consorcio de Seguros si se mantienen en pérdidas durante cinco años. A partir de ese momento, expiran los pagos y antes sólo se abonarán en años con beneficios.

Con este sistema, tanto desde las empresas del sector como desde la propia administración reconocen que no disponen de datos concretos del impacto que ha tenido el plan de auxilio comercial. El proyecto tiene tres años de duración y desde Seguros confían en que genere un impacto en las cuentas públicas anuales de unos 200 millones de euros por ejercicio. El plan fue lanzado por el entonces vicepresidente Solbes y es mantenido por su sucesora, Salgado.

El modelo elegido tiene poco que ver con el que se ha implantado en otros países europeos, como es el caso de Francia, Reino Unido, Bélgica o Portugal. Alemania estudia un plan similar y el único país que se desmarca es Italia. El pionero fue el presidente francés Nicolás Sarkozy.

En el modelo galo, los empresarios son los que pagan un sobrecoste en la prima de las operaciones que el sector asegurador rechazaba. De este modo, sí que se puede determinar la efectividad de la medida. En ocho meses de funcionamiento se han movilizado 900 millones.

Al modelo español, de momento se han apuntado tres compañías, Mapfre, Catalana Occidente y Cesce. Sin embargo, otras firmas del ramo, como es el caso de Euler Hermes declinaron la invitación, según informaron a este diario fuentes del sector.

El director general de esta firma en España, Pascal Personne, reconoció esta negativa a EXPANSIÓN, y la justificó en que es un sistema “inefizaz, costoso y poco transparente”, aunque rechazó concretar la oferta recibida. Personne, que defendió su estrategia, fue más allá e incluso avisó del riesgo de que este tipo de medidas, sin control que garantice el apoyo a las empresas, esté retrasando el ajuste de precios que se debe de producir en el sector del seguro en España.

Otros planes que no llegaron donde se proyectaba
· FAAF: El Fondo de Adquisición de Activos Financieros languidece. Pero cuando nació iba a servir para desbloquear el acceso al créditos de familias y empresas. En la tramitación parlamentaria hubo un acuerdo entre Gobierno y el Partido Popular para que se concretase un mínimo del 25% destinado a este propósito. Sin embargo, cuando se cerró el proyecto legislativo, pasó a ser “hasta” el 25%. El Gobierno ha sufrido muchas críticas por la falta de efecto del proyecto.

· Líneas ICO: Los ayuntamientos no pagan sus deudas ni siquiera con los avales ofrecidos por el ICO. Solamente el 5,4% de los consistorios solicitaron financiación estatal para saldar sus deudas con las pequeñas empresas. De los 30.000 millones habilitados, sólo se han consumido 2.300 millones. Más de los mismo con la línea ICO de rescate inmobiliario: las entidades han requerido 1.182 de los 5.000 millones en avales públicos para la titulización de hipotecas de viviendas protegidas.

· 400 euros: El guiño fiscal para que todos los contribuyentes pudieran deducirse 400 euros en el pago del IRPF ha quedado reducido a una mera mueca. En la práctica, seis millones –un tercio del total– no ha recibido un solo céntimo, sobre todo, pensionistas. Al haberse instrumentado sobre la cuota líquida en vez de hacerlo sobre la cuota diferencial, muchos trabajadores y autónomos no han sido merecedores de esos 400 euros por falta de ingresos, según un trabajo del catedrático José Félix Sanz.

· Fondos locales: El Fondo de Inversión Local se vendió como un proyecto que iba a generar nuevos contratos y frenaría la debacle del paro. Sin embargo, cuando se concretó el proyecto de ley, se eliminó cualquier referencia a que las empresas que crearán puestos de trabajo tuvieran prioridad. Al final, este proyecto sirvió para contener el aumento del paro tres meses. Después, el efecto placebo se perdió. Para el proyecto de 2010, que se presenta este viernes, se mantendrá el esquema.

· Renta de inserción: El nuevo subsidio de 420 euros excluye totalmente a los autónomos, pese a que Trabajo se comprometió por escrito a hacerles beneficiarios de la nueva renta. En la práctica, el Gobierno se ha servido de la gramática para apartarles. El truco lingüístico es muy simple: Al vincular el cobro del cheque parado a los desempleados que “hayan agotado sus prestaciones por desempleo”, los autónomos, que como se sabe no gozan de ninguna, se quedan al margen de la ayuda.

LA CLAVE
El plan tiene una duración de tres años y se espera un impacto de 200 millones al año. Las aseguradoras tienen que devolver los fondos en cinco años, pero quedan excluidos los ejercicios en los que registren pérdidas.

Fuente expansión.com

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